Subtítulo / bajada: Las autoridades uruguayas monitorean los movimientos de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia después de que organismos policiales regionales abordaran la expansión de redes criminales transnacionales. El Gobierno asegura que, hasta ahora, no existen pruebas de una presencia de mafias europeas en el país.
La Policía uruguaya mantiene bajo seguimiento los movimientos migratorios de ciudadanos procedentes de Albania, Montenegro y Serbia, en medio de una creciente preocupación regional por la actividad de organizaciones de crimen organizado vinculadas con el tráfico internacional de drogas.
El tema cobró relevancia en septiembre después de que medios uruguayos informaran que representantes de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) abordaron en una reunión regional celebrada en Buenos Aires la expansión de redes criminales de origen albanés en América Latina. Sin embargo, no se ha difundido públicamente un comunicado de la DEA que confirme una advertencia específica sobre la existencia de una estructura de ese tipo operando en Uruguay.
La situación generó además un debate político en el país. El senador opositor Sebastián Da Silva, del Partido Nacional, cuestionó ante el Ministerio del Interior los controles sobre ciudadanos provenientes de esos países y planteó la posibilidad de establecer mayores requisitos migratorios.
El ministro del Interior, Carlos Negro, respondió que las autoridades cuentan con registros de esos movimientos y que permanecen atentas, pero remarcó que hasta el momento no existe constancia de que esas personas integren organizaciones criminales o hayan participado en hechos vinculados con el crimen organizado en Uruguay.
Qué dicen los registros de Uruguay
Según los datos expuestos por Negro, las autoridades contabilizaron aproximadamente 745 movimientos de ingreso de ciudadanos de esas nacionalidades y unos 730 egresos. El ministro señaló que la diferencia es pequeña y que varias de las personas que permanecen en el país cuentan con visa.
La cifra debe interpretarse como movimientos migratorios y no como número de integrantes de organizaciones criminales.
Ese punto es relevante porque la existencia de ciudadanos de una determinada nacionalidad en Uruguay no constituye, por sí misma, evidencia de actividad delictiva. De hecho, el propio Ministerio del Interior sostiene que hasta ahora no hay constancia de una vinculación de estas personas con mafias europeas.
En una comparecencia parlamentaria previa, Da Silva había mencionado cifras correspondientes a 2025: 26 ciudadanos albaneses, 69 montenegrinos y 651 serbios ingresaron al país, según los datos que el legislador planteó ante el Ministerio del Interior.
El antecedente de los ciudadanos montenegrinos
La preocupación no surge únicamente de los movimientos migratorios.
En marzo de 2023, la denominada Operación Virtus permitió incautar casi 500 kilos de cocaína en Uruguay. La Fiscalía General informó que entre las diez personas imputadas había dos ciudadanos montenegrinos, además de seis uruguayos, un boliviano y un argentino.
El Ministerio de Defensa informó entonces que la operación, desarrollada en Montevideo, Canelones y Río Negro, permitió incautar casi 500 kilos de cocaína, además de vehículos, embarcaciones, teléfonos, dinero y armas.
El antecedente demuestra que ciudadanos extranjeros pueden aparecer en investigaciones de narcotráfico en Uruguay, pero no permite concluir que exista actualmente una estructura criminal montenegrina o albanesa instalada en el país.
Las autoridades uruguayas tampoco han presentado públicamente esa conclusión.
Qué se sabe sobre las redes criminales albanesas
Las organizaciones criminales de origen albanés sí tienen antecedentes documentados de participación en operaciones internacionales de narcotráfico.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha procesado durante años a integrantes de organizaciones de origen albanés vinculadas con el tráfico de cocaína entre Sudamérica, Estados Unidos y Europa. En un caso reciente, un ciudadano albanés fue condenado en Estados Unidos en 2026 a 25 años de prisión por su papel en una organización que, según las pruebas presentadas en el juicio, movilizaba grandes cantidades de cocaína desde Sudamérica hacia Europa.
INTERPOL también ha documentado operaciones internacionales contra redes criminales albanesas y otras organizaciones transnacionales. En el marco de sus programas contra el crimen organizado, la organización policial internacional ha identificado redes de origen albanés entre los grupos perseguidos mediante cooperación entre países de América Latina y Europa.
Estos antecedentes explican por qué los organismos de seguridad mantienen atención sobre posibles conexiones internacionales, pero no constituyen evidencia de que una organización albanesa opere actualmente en Uruguay.
El debate por una eventual exigencia de visa
El senador Sebastián Da Silva planteó que Uruguay debería reforzar los mecanismos de control para ciudadanos provenientes de determinados países balcánicos.
El legislador ha expresado públicamente su preocupación por el ingreso de ciudadanos de Albania, Montenegro y Serbia y sostiene que una exigencia de visa permitiría realizar controles previos antes de su llegada al país.
Sus declaraciones forman parte de un debate político sobre seguridad y migración. No obstante, sus afirmaciones sobre posibles vínculos entre esas nacionalidades y el narcotráfico deben distinguirse de los datos oficiales disponibles.
El ministro Negro ha sostenido una posición diferente: las autoridades controlan los movimientos y permanecen alertas, pero no cuentan actualmente con elementos que permitan afirmar que esos ciudadanos formen parte de organizaciones criminales.
Uruguay enfrenta una amenaza más amplia
La discusión ocurre mientras Uruguay continúa enfrentando operaciones de narcotráfico de gran escala.
El 18 de septiembre, el Ministerio del Interior informó sobre la Operación Trazador, que permitió incautar aproximadamente 265 kilos de cocaína y pasta base, además de vehículos, armas y dinero. Tres personas fueron formalizadas por delitos relacionados con tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
El caso muestra que la amenaza del narcotráfico en Uruguay no depende exclusivamente de una determinada nacionalidad o estructura extranjera. Las investigaciones recientes involucran redes y actores de diferentes procedencias, en un fenómeno que las autoridades abordan mediante cooperación policial, intercambio de información y operaciones contra organizaciones locales y transnacionales.
INTERPOL considera precisamente la cooperación internacional una herramienta central para combatir las rutas de tráfico de drogas y las organizaciones criminales que operan en varios países.
Una alerta, pero sin evidencia pública de una mafia instalada
El escenario que describen hasta ahora las fuentes oficiales y policiales es, por tanto, más acotado que el que sugieren algunas declaraciones políticas.
Existe preocupación regional por la expansión internacional de redes criminales de origen albanés, existen antecedentes de ciudadanos balcánicos involucrados en una investigación de narcotráfico en Uruguay y las autoridades uruguayas están siguiendo los movimientos migratorios procedentes de esos países.
Pero también existe una precisión fundamental: no hay, hasta ahora, evidencia pública presentada por las autoridades uruguayas que demuestre que una organización criminal albanesa o balcánica se haya instalado en Uruguay.
El Ministerio del Interior mantiene el monitoreo y el intercambio de información con organismos internacionales, mientras el debate político continúa alrededor de los controles migratorios y la eventual modificación de los requisitos de ingreso.
Para las autoridades, el desafío consiste en detectar a tiempo posibles conexiones con el crimen organizado sin convertir los movimientos migratorios de una nacionalidad determinada en una prueba de actividad delictiva. Por ahora, la investigación y la vigilancia continúan.
